La Policía Nacional ha desarticulado en la comarca valenciana de Camp de Túria un taller textil clandestino en el que 26 personas confeccionaban prendas para empresas del sector en condiciones de extrema precariedad. La investigación ha acabado con dos detenidos y vuelve a poner el foco sobre los riesgos de la subcontratación opaca en la cadena textil.
La Policía Nacional ha desmantelado un taller textil clandestino en un municipio de Camp de Túria (Valencia) en el que trabajaban 26 personas sin contrato ni alta en la Seguridad Social, de las cuales 24 se encontraban en situación irregular en España. Según la investigación, los empleados confeccionaban prendas para varias empresas del sector en jornadas que en algunos casos superaban las 60 horas semanales, a cambio de retribuciones cercanas a los 1.000 euros mensuales.
Una explotación sostenida en el tiempo
La investigación se inició tras una inspección conjunta de Policía Nacional e Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizada en octubre de 2025. Los agentes detectaron que el taller operaba sin licencia de actividad y que, además de la ausencia total de cobertura laboral, dos de los trabajadores vivían dentro del propio inmueble en condiciones insalubres, utilizados presuntamente para asegurar que la actividad no se detuviera.
Una estructura para aparentar legalidad
Uno de los elementos más relevantes del caso es que la actividad no se limitaba a un simple local ilegal. Según la investigación, el taller funcionaba a través de una empresa mercantil que emitía facturas a distintas compañías del sector, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a la producción. Los investigadores también detectaron un entramado societario y movimientos bancarios que reflejaban más de 300.000 euros de ingresos en apenas ocho meses.
La operación se ha saldado con la detención de dos hombres de 44 y 52 años. A uno de ellos se le atribuyen también los presuntos delitos de tráfico ilegal de mano de obra y quebrantamiento de medida cautelar, ya que el taller habría retomado su funcionamiento tras un primer precinto, lo que obligó a una nueva inspección en febrero de 2026.
