Una operación conjunta de Guardia Civil, Policía Local e Inspección de Trabajo destapa la explotación laboral de mujeres migrantes en talleres ilegales instalados en garajes del centro urbano de Manresa.
El pasado 8 de julio, una operación liderada por la Guardia Civil, la Policía Local de Manresa y la Inspección de Trabajo sacó a la luz la existencia de varios talleres textiles clandestinos ubicados en garajes de la localidad barcelonesa. Según confirmó la Delegación del Gobierno en Catalunya, se detuvo a tres personas —dos de ellas en situación administrativa irregular— por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a organización criminal.
Durante la intervención se identificaron a once mujeres, de las cuales siete carecían de contrato laboral. En uno de los espacios se encontraba incluso un menor, hijo de una de las trabajadoras, lo que agravó las condiciones detectadas.
La operación Textilis revela una realidad oculta: talleres textiles improvisados, sin permisos ni contratos, donde la precariedad laboral se teje al margen de la legalidad
Estructura organizada y condiciones precarias
Según las investigaciones, los talleres operaban con una estructura jerárquica: un responsable organizaba las entregas y supervisaba los encargados de cada local, quienes a su vez dirigían la producción diaria. Las instalaciones carecían de ventilación, salidas de emergencia y licencias, y fueron precintadas tras la inspección. Los acusados ya han pasado a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Manresa.
Una realidad que interpela al sector
Este caso pone el foco sobre una práctica que persiste en las zonas urbanas del cinturón industrial catalán: talleres informales que operan al margen de la ley, a menudo vinculados a la cadena de subcontratación de marcas que no siempre verifican sus eslabones más débiles.
Expertos en derecho laboral y organizaciones sociales denuncian que muchas de estas trabajadoras no denuncian su situación por miedo a la deportación o pérdida de ingresos, lo que favorece un entorno de impunidad. Se trata de un fenómeno estructural más que aislado, que evidencia la falta de mecanismos efectivos de inspección y protección laboral.
Fuentes consultadas
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