En los últimos días, Gobierno, empresarios y sindicatos se han reunido para debatir sobre cómo prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), cuya concesión actual finaliza el próximo 30 de septiembre.
De dichas negociaciones, además de la falta de acuerdo en relación a los meses de prórroga y la cuantía de las prestaciones, el tema que más está dando que hablar es la propuesta del Gobierno de llevar a cabo una renovación de los ERTE a nivel sectorial, es decir, dejando fuera a muchos de los sectores esenciales de la economía.
El descontento por parte de los empresarios y las asociaciones que los representan no se ha hecho esperar. La Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios, Anceco, ha mostrado su preocupación al tratarse de una medida que podría suponer el cierre de muchas empresas, la pérdida de miles de puestos de trabajo y la continuidad del servicio a la sociedad prestada por el comercio de proximidad y los mayoristas de cada sector.
“Con este anuncio del Gobierno tememos que cientos de miles de trabajadores no puedan alargar sus ERTE, que decenas de miles de empresarios y autónomos, por el simple hecho de no estar ligados al turismo, vean como nunca volverán a levantar sus persianas. Sabemos que es una medida que obligará a que empresas de hostelería, transporte o comercio cierren para siempre, desapareciendo las tiendas de ciudades y municipios y provocando hasta 500.000 desempleados en los próximos meses”, ha expresado Jordi Costa, presidente de Anceco.
Si este plan se termina llevando a cabo, sectores especialmente afectados por la pandemia, como lo son la hostelería, la restauración o el comercio, serían excluidos en el proceso de ampliación de los ERTE. “No aceptamos que en este país existan empresas de primera y de segunda, representamos a pequeñas y grandes empresas, así como a trabajadores autónomos y reclamamos que no se sectorialice y se proteja a las empresas que lo necesiten”, ha explicado Jordi Costa.
“Aplicar el plan discriminatorio generará tensiones, generará un bloqueo en la negociación y provocará previsiblemente el aumento de los concursos de acreedores, hasta los 150.000, durante 2021 y 2022, tres veces más que los que se han producido en los últimos 17 años”, ha añadido.
Anceco reivindica, teniendo en cuenta lo más conveniente y justo para el entramado empresarial, que se prorroguen los ERTES para todos los sectores y empresas que lo necesiten hasta abril de 2021; la aplicación de medidas que aporten liquidez a las empresas, pero sobre la base de subvenciones, no a través de créditos; y la puesta en marcha de un programa normativo que fomente el consumo, por ejemplo bajando el IVA dos puntos como ha hecho Alemania.
Asimismo, a medio plazo, la Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios considera que debería dictarse una nueva ley de arrendamientos comerciales y desarrollarse un plan estratégico para relanzar y renovar el comercio en cuanto a digitalización, internacionalización, dimensión, etc.
