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La Asociación Nacional de Centrales de Compra ANCECO, las asociaciones de cadenas de retail, servicios y restauración AMICCA, COMERTIA, ACOTEX y EURELIA han firmado un manifiesto en el que subrayan que, de no atender a sus necesidades, el sector comercial del país podrá perder gran parte de sus establecimientos y sus empleos.

Denuncian que una simple moratoria del pago a las PYMES no solventa la trágica situación del sector y provocará el cierre de miles de empresas minoristas, así como de cientos de miles de puestos de trabajo.

Se solicita nuevamente al Gobierno medidas para exonerar del pago de los alquileres a los arrendatarios durante el cierre de sus comercios y la adecuación de este coste a la realidad del mercado cuando se permita abrir nuevamente los establecimientos.

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Emplazan al Gobierno a propiciar un cambio del marco legal de protección al arrendatario contra la ejecución de avales por impago de rentas y liberar al comerciante de los años de obligado cumplimiento de los contratos. Propiciar, de esta manera, el desarrollo de acuerdos entre arrendatarios y arrendadores en el periodo de 6 meses a la reapertura y así reequilibrar las condiciones de los contratos, como así indican expertos y empresas con la experiencia de los países que ya han permitido la apertura.

Demanda, igualmente, una mayor flexibilidad de la adecuación de las normas laborales actuales, para poder atender a la realidad necesaria a corto plazo. La rigidez de la normativa tras la finalización del Estado de Alarma (ERTEs, flexibilidad horaria, movilidad funcional, etc) representará una dificultad mayor que pone en riesgo la viabilidad de miles de empresas y empleos del sector. Teniendo en cuenta que la vuelta a la normalidad del sector no se producirá, previsiblemente, de forma inmediata demandan que se permita la reincorporación de los empleados de manera progresiva y escalonada, según los niveles de actividad de cada empresa o establecimiento.

Adaptación

En una reflexión a medio plazo y estratégica para el sector en su conjunto, solicitan la adaptación de la normativa a la realidad del comercio actual y por tanto la modificación de la ley de arrendamientos urbanos (LAU), por no atender a las múltiples realidades de hoy, especialmente la regulación de los contratos de arrendamiento en los centros comerciales.

El sector comercial tiene un peso en la economía española del 13,0%, siendo una de las actividades más relevantes de la estructura productiva. Es el primer sector de nuestra economía en términos de empleo. Según los afiliados a la Seguridad Social, el comercio empleaba a 3,2 millones de personas en 2018, lo que supone el 17% del total de afiliados.

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