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El director general de amec, Joan Tristany, ha comunicado a la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, los problemas que las empresas industriales se están encontrando en su actividad internacional, y le ha solicitado que facilite la movilidad de su personal, garantizando igualmente todas las medidas de seguridad.

Actualmente, la dirección general de Salud Pública establece que, para poder entrar a España vía transporte aéreo o marítimo, todo pasajero procedente de países considerados de riesgo por motivos de pandemia deberá disponer de una PCR con resultado negativo realizada en las setenta y dos horas previas a su llegada. No obstante, muy a menudo los desplazamientos y la vuelta se realizan en el mismo día o, por el contrario, se llevan a cabo en zonas alejadas donde es difícil realizarse una prueba, así como obtener los resultados en inglés o español, tal y como exige la normativa.

Además, en países como, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda o Japón existe una verdadera dificultad de sincronización entre la realización de la prueba, el tiempo de proceso y obtención de resultados y de conexiones aéreas que hacen imposible cumplir el tiempo de 72 horas desde la obtención de resultados.

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Por todo ello, amec solicita que, siempre con un certificado responsable de la empresa, y en los casos en los que el trabajador no pueda realizar la prueba en el exterior, pueda realizarla en el momento de su llegada al aeropuerto español. “Creemos que es una solución efectiva y posible, que garantiza el objeto de la resolución y permite la actividad laboral y empresarial, no limitando la actividad de nuestras empresas en el exterior”, explica en la misiva el director general de amec.

Tristany ha trasladado también esta situación, y su posible solución, a los responsables de la administración relacionados con la industria y el comercio internacional, como son el secretario general de Industria, Raül Blanco; la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; y la consejera delegada de ICEX, María Peña; así como a los responsables de Economía y Empresa de las administraciones autonómicas. Todos ellos han compartido y han mostrado sensibilidad hacia esta cuestión.

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